BOMBA FINANCIERA: UN ANTICIPO NACIONAL DEJÓ A LA PROVINCIA CON MÁS DE $17.185 MILLONES EN INTERESES Y PAGOS HASTA 2027

Un anticipo de $120.000 millones aceptado sin capacidad real de repago derivó en una deuda de $60.000 millones y más de $17.185 millones en intereses. La refinanciación expone errores de planificación y una dirigencia provincial que vuelve a hipotecar el futuro financiero.

La refinanciación del anticipo otorgado por la Nación en marzo de 2025 volvió a poner en evidencia las falencias de la dirigencia provincial en materia de administración financiera. Mediante el Decreto Nacional Nº 190/2025, la Provincia recibió $120.000.000.000 en concepto de asistencia, aun cuando era previsible que el esquema de devolución a través de la coparticipación diaria resultaría inviable.

Lejos de anticipar el impacto fiscal, las autoridades provinciales avanzaron con un acuerdo que terminó generando un saldo deudor de $60.000.000.000 y un costo financiero de $17.185.641.881,44 en intereses. Una cifra que no solo agrava el endeudamiento, sino que además supera ampliamente otros compromisos claves, como el acuerdo por el déficit previsional, que alcanzó apenas los $40.000.000.000.

El nuevo plan de refinanciación, pactado en 12 cuotas, comenzará a pagarse recién a partir del último día hábil de julio de 2026. Sin embargo, esos vencimientos se acumularán con otras obligaciones asumidas por la Provincia, entre ellas las letras emitidas durante 2025 para afrontar los compromisos del préstamo en dólares tomado durante la gestión de Domingo Peppo, cuya carga sigue trasladándose de una administración a otra tras la autorización legislativa para créditos por el equivalente a U$S 90.000.000.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que esta refinanciación no incluye otros acuerdos firmados con la Nación en octubre, como la entrega de 1.997 tablets del programa Escuela en Red, la repavimentación de la Ruta Nacional Nº 89 entre General Pinedo y Quimilí, ni los fondos provenientes de ANSES destinados a cubrir el déficit previsional.

El caso vuelve a encender el debate sobre la responsabilidad política en la toma de deuda y la falta de previsión a la hora de comprometer recursos futuros. Una dirigencia provincial que acepta asistencias sin evaluar su sostenibilidad termina trasladando el costo a próximas gestiones y, en definitiva, a los ciudadanos, que vuelven a quedar atrapados en un esquema de refinanciaciones, intereses crecientes y cuentas públicas cada vez más ajustadas.